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Tijuana, B.C., a 11 de agosto de 2014.- En Baja California continúa la represión del Gobierno del Estado y de algunos gobiernos municipales hacia el Movimiento Antorchista bajacaliforniano, esto luego de que el fin de semana, en Tijuana, fueron encarcelados varios activistas de la organización que realizaban una colecta pública, y posteriormente fueron acusados de “corrupción de menores”, informó Luis Miguel López Alanís, vocero de esa organización en Michoacán.
Esta agresión se suma al desalojo del 24 de julio de este año, cuando decenas de antorchistas fueron desalojados y golpeados por la policía de Mexicali, y posteriormente, el Gobierno del Estado los encarceló tres días y los consignó por “ultrajar y lesionar a los policías”, denunció.
Los detenidos realizaban una colecta de apoyo a un albergue estudiantil, junto con algunos menores de edad que ahí habitan, mismos que fueron detenidos también algunas horas. Los activistas fueron detenidos y posteriormente turnados a una agencia del Ministerio Público, donde se enteraron que habían sido acusados de “corrupción de menores” porque en la colecta se hacían acompañar de estudiantes que habitan ese albergue, al que el gobierno de Baja California y de Tijuana no le proporciona ninguna ayuda, a pesar de las múltiples solicitudes que se les han hecho. Dos días después, tuvieron que ser puestos en libertad por falta de elementos para sostener esa ridícula acusación.
Recordó que Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional antorchista, denunció que el gobierno de Baja California, del que depende la Policía Ministerial, ha estado actuando coordinadamente con las acciones represivas de las policías municipales y es obvio que está poniendo todo lo que está a su alcance para prolongar las detenciones, avalar las acusaciones policíacas, “cuadrar” delitos inexistentes que den pie a decisiones abusivas contra la libertad y los derechos humanos, como la de impedirles a los activistas que se acerquen a la presidencia municipal de Mexicali, o el reciente intento de hacerlos responsables de corromper a menores. Lo que se busca es torcer las leyes, para intimidar y desprestigiar al movimiento antorchista, dijo.
López Alanís añadió que “en Baja California se están violado las garantías constitucionales al tratar de acallar las manifestaciones de bajacalifornianos que sólo exigen obras y servicios para las colonias y localidades rurales marginadas, mismas que les fueron prometidas por los gobernantes en turno. Las protestas no se van a detener con cárceles o con ceños fruncidos de los funcionarios, sino con agua, luz, drenaje, vivienda digna y educación en las colonias marginadas”.
Asimismo señaló que realizar colectas púbicas no es ningún delito, pues hay muchas organizaciones no gubernamentales que las realizan, incluso hasta les hacen promoción en la televisión y muchos medios.
Luego de señalar que el gobierno de Francisco Vega De Lamadrid debe garantizar las libertades de los ciudadanos, el derecho de organizarse, de petición, de libre tránsito y la libertad de expresión y dejar de reprimir a las organizaciones sociales, dijo que la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista en pleno decidió respaldar la lucha de sus compañeros de Baja California, por lo que de inmediato arrancará una campaña nacional de denuncia en todo el país para decirle al pueblo de México la forma en que gobierno el panismo, y de ser necesario se realizará una magna concentración en el estado.
